CIUDAD DE MÉXICO.- Tras una sesión de más de seis horas, el Senado de la República aprobó en lo general el “Plan B” de la reforma electoral impulsada por el oficialismo; sin embargo, en la discusión en lo particular, el Partido del Trabajo (PT) frenó uno de los puntos clave al obligar a Morena a retirar los cambios relacionados con la revocación de mandato.
En la votación general, Morena, PT y PVEM sumaron 87 votos a favor, frente a 41 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. No obstante, al entrar al análisis en lo particular, el PT presentó una reserva para eliminar la modificación al artículo 35 constitucional, que buscaba ajustar el mecanismo de revocación.
Pese a días de negociaciones, Morena no logró convencer a su aliado para permitir que la presidenta Claudia Sheinbaum pudiera someterse a este ejercicio en 2027, junto con las elecciones intermedias. Con ello, la disposición se mantiene sin cambios y la revocación de mandato seguirá programada para 2028, como lo establece actualmente la Constitución.
La reserva, impulsada por la senadora Liz Sánchez, fue aprobada por consenso entre las bancadas, luego de un acuerdo previo con Morena y el PVEM. Tras este ajuste, el dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual votación.
Desde la tribuna, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, defendió el resultado y aseguró que la reforma no representa un revés, ya que se lograron cambios en tres artículos constitucionales y nueve disposiciones transitorias. Además, sostuvo que la alianza entre Morena, PT y PVEM se mantiene firme rumbo a los comicios de 2027 y 2030.
Por su parte, el dirigente del PT, Alberto Anaya, dejó clara la postura de su partido: respaldo a la reforma en lo general, pero rechazo a cualquier modificación en materia de revocación de mandato.
Entre los puntos que sí fueron aprobados destacan la reducción en el número de regidores en ayuntamientos —con un tope de 15 y garantizando la paridad de género—, así como un recorte de hasta 15% al presupuesto del Senado. También se estableció que los congresos locales no podrán exceder el 0.70% del presupuesto estatal.
Asimismo, se determinó que funcionarios electorales —incluidos consejeros y magistrados— no podrán percibir salarios superiores al de la presidenta, ni acceder a seguros privados o prestaciones especiales financiadas con recursos públicos.
Los ahorros derivados de estas medidas deberán destinarse a obras de infraestructura pública.
Durante el debate, legisladores de oposición celebraron que no se alterara el calendario de la revocación de mandato. El priista Pablo Angulo Briceño afirmó que su partido no teme a este ejercicio, pero rechazó cualquier intento de interferencia del gobierno en procesos electorales. En la misma línea, Alejandra Barrales Magdaleno señaló que la figura presidencial debe mantenerse al margen de actividades partidistas, mientras que la panista Guadalupe Murguía acusó al oficialismo de buscar un uso electoral de la investidura.
El proyecto será ahora discutido en la Cámara de Diputados, con la intención de que las modificaciones puedan entrar en vigor antes de las elecciones intermedias de 2027.