CAMPECHE.- A poco más de un año de que se promoviera una controversia de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo tribunal del país declaró inconstitucional la reforma a la Ley de Obra Pública del Estado de Campeche, así como sus artículos transitorios, impulsada desde el Congreso local a propuesta de la gobernadora Layda Sansores.
Con esta resolución, la SCJN revierte las modificaciones aprobadas por el Poder Legislativo, retirando al Poder Ejecutivo las facultades extraordinarias que le permitían iniciar obras sin contar con permisos municipales. Asimismo, se elimina la dispensa para presentar proyectos ejecutivos de manera previa y se restablece la obligación de cubrir los pagos correspondientes por permisos ante los ayuntamientos, como estaba previsto originalmente en la legislación.
Derivado de la sentencia, se estima que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantiene adeudos por varios millones de pesos con el Ayuntamiento de Campeche, relacionados con permisos de construcción, supervisiones de Protección Civil, multas por iniciar obras sin autorización y sanciones por la omisión en la presentación del proyecto ejecutivo. Estas irregularidades habrían generado daños tanto al gobierno municipal como a habitantes de las zonas aledañas a las obras del Tren Maya.
Hasta el momento, la Alcaldía de Campeche no ha fijado una postura oficial sobre las acciones que seguirá tras el fallo. No obstante, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Adrián Serrano Barrientos, confirmó la resolución de la Suprema Corte y aseguró que el gobierno estatal acatará la sentencia.
Por su parte, los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), quienes se opusieron a la reforma desde su aprobación y promovieron la controversia de inconstitucionalidad, tampoco han emitido un posicionamiento público, aunque se prevé que en los próximos días se pronuncien al respecto. Se espera que también aborden el caso pendiente del ex consejero jurídico y actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, Juan Pedro Alcudia Vázquez.
Cabe recordar que, al concluir la sesión legislativa en la que se aprobó la reforma impugnada, el entonces presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Antonio Jiménez Gutiérrez, afirmó públicamente no temer a una eventual declaración de inconstitucionalidad y advirtió que se impulsarían más reformas de alcance similar para la entidad.