Por Francisco Hernández
CHETUMAL.- Poco más de dos meses después de haber arremetido contra el secretario del Bienestar, Pablo Bustamante, el senador Eugenio Segura Vázquez y la gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa, acusándolos de emprender una “guerra sucia” en su contra, la Fiscalía General del Estado (FGE) decidió acabar con la impunidad de la que ha gozado “El Venezolano” Jorge Luis Brizuela Guevara durante casi 10 años y le activó órdenes de aprehensión por el delito de amenazas a un comunicador y tentativa de feminicidio.
Existen los elementos para iniciarle procesos por estos y otros delitos que le señalan, pero el fiscal Raciel López Salazar mostró nuevamente que se mueve con criterio político y que ahora ya no tuvo pretextos para detener más la acción de la ley contra el operador político del exgobernador Carlos Joaquín González, pues al reaparecer públicamente en el mes de enero, “El Venezolano” también embarró con su corrupción la carrera política de Pablo Bustamante, activo político del cogobernante Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y posó públicamente la sombra del financiamiento ilegal y la operación territorial del gobierno de Carlos Joaquín a favor de la candidatura de Mara Lezama en la elección de la gubernatura del 2022.
Iniciando el 2026, después de la intervención de Estados Unidos en Venezuela para detener a Nicolás Maduro, del que se le señala de haber sido o ser espía, Brizuela Guevara reapareció en el espacio público de Quintana Roo a través de un video en sus redes sociales para acusar una “guerra sucia” en su contra, de la que responsabilizó al equipo del senador Eugenio Segura Vázquez y de la gobernadora, Mara Lezama, afirmando que el gobierno del estado todavía le debe dinero, además de decirse “víctima colateral del fuego amigo” en la contienda adelantada por la gubernatura del 2027.
“Desde este momento, desde este preciso momento, hago responsable a Pablo Bustamante, a su gente, a la gente cercana a Gino Segura, a la gente cercana a la gobernadora Mara Lezama, a la gente cercana a todo su equipo, porque me odian, me deben dinero, no me ha pagado el estado, me tienen hasta la madre de sus acusaciones y su falsa lealtad de todos, a todos, a cada uno de todos”, afirmó.
El video lo bajó cuando calibró la gravedad de sus exabruptos, pues en el mismo señaló que estaba nervioso por las acciones que puedan tomar en su contra las figuras políticas a las que señaló, “porque conozco con lo sucio que juegan, conozco todas las artimañas que hacen”, y también, casi a gritos, los hizo responsables “de un solo rasguño que me pase a mí en persona. Se los advierto, no les tengo miedo”.
Entonces, se supo que la deuda que reclama “El Venezolano” al gobierno del estado deriva de que la administración de su jefe Carlos Joaquín González no terminó de pagarle el finiquito de todos los contratos con él, por lo que forma parte de la deuda con proveedores de más de 7 mil millones pesos que recibió la gobernadora Mara Lezama.
La misma información indica que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de la que fue titular el actual senador Eugenio Segura Vázquez, le pagó una parte de ese saldo en los primeros 100 días de gobierno, pero Jorge Brizuela Guevara todavía reclama el pago de alrededor de 7 millones de dólares, por las carpas Covid-19 y otros servicios contratados por el gobierno de Carlos Joaquín, como renta de servicios de seguridad, automóviles y hasta aviones, aunque al parecer son de dudosa legalidad y están sometidos al proceso de depuración que tiene esa deuda.
En esta reaparición también arremetió contra el secretario de Bienestar, Pablo Bustamante Beltrán, mostrando una foto de una reunión a la que acudió él en su domicilio, en donde también estuvieron el exgobernador Joaquín Hendricks Díaz, el hijo de éste, Edgar Hendricks Rubio, el empresario Pepe Gómez y el exdiputado y hoy subsecretario de Enlace Interinstitucional de la Secretaría de Gobierno, Issac Janix Alanís.
“El Venezolano” anotó el comentario a la foto de que en esa reunión estaban decidiendo el destino político “del flamante secretario del Bienestar”, y le puso como fondo el tema musical de la película “El Padrino”.
Pocos días después, realizó una rueda de prensa en su domicilio de la torre residencial Shark Tower, en Puerto Cancún, donde le bajó el tono a sus afirmaciones contra el senador Eugenio Segura y la gobernadora Mara Lezama, pero redobló su arremetida contra Pablo Bustamante Beltrán, al que acusó de desleal, diciendo que le hizo su carrera política.
Pero no se quedó sólo en ese señalamiento, sino que afirmó que le canalizó 15 millones de pesos en efectivo, un financiamiento ilegal para campañas, cuando Pablo Bustamante era dirigente estatal del PVEM, tiempo en el que se realizó la elección de la gubernatura del estado en el 2022, además de que “operaron” juntos en la jornada electoral, al que se refiere como “el Día D”, siendo Brizuela operador del gobernador Carlos Joaquín y Bustamante, su operador subordinado.
Impune con Carlos Joaquín y AMLO
Por ser su operador para asuntos sucios, el gobernador de Carlos Joaquín convirtió a Jorge Brizuela Guevara en empresario millonario con contratos de su gobierno, por lo que durante ese sexenio gozó de total impunidad.
Desde principios del sexenio ya pesaban las primeras acusaciones contra él, incluyendo sobre amenazas de muerte, extorsión, intento de homicidio, secuestro y tortura, algunas de las cuales se formalizaron en denuncias penales, pero los fiscales de Carlos Joaquín simplemente congelaron las demandas, y ahora que lo detuvieron en la noche del martes se sabe que se le fueron acumulando otras, como tentativa de feminicidio, que le hicieron valer tras su detención.
Todavía más, cuando llegó la pandemia de Covid-19, el gobernador Carlos Joaquín le dio a “El Venezolano” el chance de hacer jugosos negocios con los contratos de las “carpas Covid” para ampliar el número de camas de los hospitales Oncológico de Chetumal y Jesús Kumate de Cancún.
Fue un negocio descarado con la proveeduría de material médico y la renta de carpas en la pandemia, pues las carpas fueron prácticamente inútiles por la tardanza con que se pusieron en funcionamiento y sólo sirvieron para inflar estadísticas o como supuesto apoyo para la aplicación de vacunas, mientras que los materiales fueron vendidos a precios inflados.
El negocio fue superior a los 544 millones de pesos, a través de su esposa, Vanessa Lizeth Vargas Flores, y de la razón social Constructora Iiafer, que fueron contratados por el gobierno del estado sin contar con el capital financiero ni la experiencia ni la infraestructura para tales servicios, y por tanto, en violación de la legislación de contrataciones gubernamentales.
Debido a lo mismo, subcontrató a empresarios que si tenían la capacidad para montar y financiar las carpas, pero al final los defraudó con la complicidad del gobierno local, y fue así como, en medio de denuncias públicas de fraude por casi 30 millones de pesos que le hicieron los tres afectados, en el 2021 se hicieron tema público las actividades de Jorge Brizuela Guevara, pues inclusive las denuncias llegaron a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló la venta de mascarillas clínicas con precios inflados mediante la empresa de su esposa, Vanessa Lizeth Vargas Flores, falta por la cual obligó al gobierno de Quintana Roo a devolver a la Tesorería Federal 6.1 millones de pesos en la revisión de la cuenta pública del 2020, además de abrir procesos de sanción a servidores públicos de la Secretaría de Salud (Sesa) por haberle dado contratos en adjudicación directa cuando apenas tenía 6 días de haber iniciado actividades económicas y carecía de solvencia económica para prestar el servicio.
Para entonces, desde agosto del 2020, la Sección de Inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya había identificado a Jorge Brizuela Guevara “El Venezolano” como agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), encargada del espionaje en el régimen de Nicolás Maduro, con información dada por la agregaduría militar de la Embajada de México en Venezuela.
Allí la Sedena señaló que “El Venezolano” era identificado “como enlace entre miembros de la ‘Mafia Rumana’ en la Ciudad de Benito Juárez, Quintana Roo (Cancún) y el Sebin”, y que también se le consideraba “enlace entre el Gobernador del Estado de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, y estas organizaciones criminales transnacionales”, además de que presumía haber tenido una relación muy estrecha con el secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos.
La ficha informativa fue hecha pública en los Guacamaya Leaks, que filtró documentos confidenciales de la Sedena, y los Boricua Papers, una investigación del gobierno de Estados Unidos sobre un caso de lavado de dinero que vincula a Puerto Rico con Cancún, misma que fue dada a conocer ampliamente en un reportaje del medio de comunicación Eje Central desde el 2023.
Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejó a “El Venezolano” en la impunidad y con libertad para seguir como operador político y de asuntos turbios del exgobernador Carlos Joaquín González, al que también el ahora expresidente hizo Embajador de México en Canadá.
Involucrado en caso de corrupción internacional
Mientras tanto, Jorge Brizuela Guevara continuó amasando su fortuna con la base de los negocios con la pandemia, a los que agregó contratos del gobierno de Carlos Joaquín por rentas de supuestos servicios de seguridad, automóviles y hasta de aviones, según fuentes extraoficiales.
Fue con estos recursos millonarios que le pagó el gobierno de Quintana Roo que montó el negocio de laboratorios llamado Pronalab, con el que se involucró en un caso internacional de corrupción y lavado de dinero muy sonado.
Con Pronalab logró convertirse en proveedor exclusivo de pruebas rápidas Covid-19 para hoteles y torneos de golf del norte de Quintana Roo, gracias a que el gobierno de Carlos Joaquín le pagaba su asistencia como invitado a las Feria Internacional del Turismo (Fitur), donde se vinculó con empresarios de la República Dominicana.
Ya en tiempos del gobierno de la 4T en Quintana Roo, mediante los laboratorios Pronalab basados en República Dominicana y sus relaciones con el propietario del equipo español de futbol Zamora, Víctor de Aldama, con el que se contactó ostentándose como asesor del gobierno de Carlos Joaquín, se involucró en el Caso Koldo.
Este caso, también llamado Caso Ábalos, se trata de un entramado de corrupción y lavado de dinero por 54 millones de euros con funcionarios del gobierno de España en la proveeduría de mascarillas sanitarias para unidades médicas por medio de “moches”, ampliamente documentado desde el 2024 por los medios de comunicación ibéricos.
De este caso todavía falta la resolución en el Tribunal Supremo de España, por lo que las cuentas que están pendientes para “El Venezolano” todavía no se terminan de saldar, pues además se ha destacado por lanzar amenazas contra periodistas, confiado en la impunidad que hasta ahora parece que se le va a acabar, por golpear al gobierno de la 4T.