CANCÚN.- Un Tribunal Colegiado ordenó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevar a cabo acciones de verificación, inspección y protección ambiental respecto a las obras del tramo 5 del Tren Maya, que conecta Cancún con Playa del Carmen, Quintana Roo.
La resolución se dio luego de que el órgano jurisdiccional concediera una suspensión definitiva al colectivo ambientalista Sélvame del Tren, dentro del juicio de amparo promovido por presuntos daños ambientales derivados de la construcción y operación de esta obra, impulsada durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con la determinación judicial, la Profepa deberá atender de manera puntual las denuncias presentadas por afectaciones a los ecosistemas de la zona. En particular, se instruyó a la Dirección General de Delitos, Comunicaciones, Denuncias y Quejas del organismo a dar seguimiento a los señalamientos relacionados con posibles impactos ambientales en selva, cenotes y sistemas subterráneos.
El colectivo celebró la decisión al considerarla un avance en la defensa de los recursos naturales. “Este logro es un importante paso hacia la protección de nuestros recursos naturales y garantiza que se llevarán a cabo acciones de verificación, inspección, conservación y protección ante las denuncias públicas presentadas”, señaló en un posicionamiento.
Por su parte, Guillermo DChristy, presidente de Sélvame del Tren, afirmó que la resolución confirma la obligación de las autoridades de atender las denuncias ciudadanas y de no desestimar los posibles daños ecológicos.
“No es solo un logro legal. Es un mensaje claro: la naturaleza tiene derechos y la sociedad civil organizada puede incidir. Gracias a cada persona que ha sostenido esta causa con información, presencia y convicción. Seguimos trabajando por un modelo de desarrollo que respete la vida. La protección ambiental es una responsabilidad”, expresó.
El tramo 5 del Tren Maya ha sido uno de los segmentos más controvertidos del proyecto ferroviario, debido a su trazo a través de una zona ambientalmente sensible. Con esta resolución, el Tribunal refuerza la obligación de las autoridades ambientales de supervisar y, en su caso, actuar ante posibles irregularidades o afectaciones derivadas de la obra.