CIUDAD DE MÉXICO.- La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que contempla la creación de una comisión de verificación de integridad para revisar posibles vínculos criminales de aspirantes a cargos de elección popular.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la funcionaria explicó que este nuevo mecanismo estaría a cargo del Instituto Nacional Electoral y sería integrado por tres consejeros electorales.
La propuesta busca establecer coordinación entre partidos políticos y autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para revisar los perfiles de quienes aspiren a candidaturas.
De acuerdo con Alcalde, los partidos políticos deberán entregar listas de aspirantes a la comisión, la cual consultará información con instancias como la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Estas dependencias realizarán análisis para detectar posibles riesgos de vínculos con la delincuencia organizada o actividades ilícitas.
“Las autoridades determinan si existe o no un riesgo razonable y entregan esa información a la comisión”, explicó la consejera jurídica.
Posteriormente, la comisión notificará a los partidos políticos sobre la existencia de posibles riesgos para que sean éstos quienes decidan si mantienen o no el registro de las candidaturas.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que esta iniciativa forma parte del paquete de reformas planteadas para fortalecer la democracia y los procesos electorales rumbo a 2027.
La mandataria destacó que uno de los objetivos centrales es impedir que personas con presuntos nexos con grupos criminales puedan acceder a candidaturas de cualquier partido político.
Asimismo, se aclaró que las investigaciones de las autoridades continuarán de manera independiente en caso de detectarse posibles conductas delictivas.