CHETUMAL.- La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) enfrenta una cartera vencida superior a los 900 millones de pesos en Quintana Roo, siendo Chetumal el municipio que concentra la mayor parte de los adeudos acumulados por usuarios del servicio.
José Francisco Trujillo Brandi, director de la Dirección de Recuperación de Adeudos y Fiscalización (DRAEF), informó que el rezago histórico asciende actualmente a 904 millones de pesos, resultado de años de incumplimiento en el pago de los servicios de agua potable y alcantarillado.
El funcionario explicó que aproximadamente el 60 por ciento de esta cartera vencida corresponde a cuentas localizadas en la capital del estado, donde predominan los casos de predios abandonados, inmuebles desocupados y propiedades cuyos dueños dejaron de cubrir sus obligaciones ante el organismo.
Señaló que algunos de estos adeudos tienen una antigüedad de hasta 20 años, situación que ha dificultado las acciones para recuperar los recursos pendientes.
De acuerdo con Trujillo Brandi, entre los casos más recurrentes se encuentran viviendas en litigio, inmuebles destinados al arrendamiento y propiedades cuyos propietarios dejaron de atender los pagos por largos periodos.
“Chetumal concentra aproximadamente el 60 por ciento de la cartera vencida estatal. Son adeudos históricos que en algunos casos tienen hasta veinte años de antigüedad y que están relacionados principalmente con predios abandonados o propietarios que dejaron de atender sus obligaciones”, indicó.
Ante este panorama, CAPA impulsa programas orientados a facilitar la regularización de los usuarios mediante esquemas de apoyo y facilidades de pago.
El titular de la DRAEF destacó que actualmente se mantiene vigente un programa que contempla descuentos de hasta el 100 por ciento en multas y recargos para quienes decidan liquidar o regularizar sus adeudos.
Asimismo, informó que los contribuyentes con montos elevados pueden acceder a convenios de pago de hasta 36 meses, lo que permite cubrir los saldos pendientes de manera gradual.
Trujillo Brandi subrayó que la actual administración estatal privilegia los mecanismos de conciliación antes que las medidas coercitivas, por lo que se suspendieron las acciones de embargo que anteriormente se utilizaban como herramienta de recuperación.
“La intención es que los ciudadanos se acerquen, revisen su situación y aprovechen los beneficios disponibles para ponerse al corriente. Buscamos recuperar recursos sin afectar el patrimonio de las familias y fortalecer los servicios e infraestructura que opera la CAPA”, expresó.