CIUDAD DE MÉXICO.- Los proveedores de servicios de internet podrían enfrentar multas de hasta 4.6 millones de pesos cuando incumplan con los mecanismos previstos para retirar contenidos que presuntamente vulneren derechos de autor y, además, se actualicen las condiciones de responsabilidad establecidas en una reforma enviada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados.
La iniciativa, presentada el pasado 1 de junio por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, permanece pendiente de dictaminación en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados. Su objetivo es fortalecer el régimen de responsabilidad secundaria de los proveedores de servicios de internet en materia de derechos de autor.
La propuesta modifica el artículo 114 Octies y plantea incorporar los artículos 114 Nonies y 232 Septies a la Ley Federal del Derecho de Autor. Entre sus disposiciones establece las circunstancias bajo las cuales los proveedores podrían responder por infracciones cometidas por sus usuarios.
El proyecto señala que los proveedores deberán actuar de manera expedita y eficaz para remover, retirar, eliminar o inhabilitar el acceso a materiales presuntamente infractores alojados en sus sistemas o redes cuando tengan conocimiento de la posible vulneración de derechos, dentro del mecanismo previsto por la propia legislación.
Sin embargo, la responsabilidad no se establecería automáticamente por cualquier contenido publicado por un usuario. El artículo 114 Nonies propuesto contempla que el proveedor sea responsable cuando incumpla las condiciones del régimen de limitación de responsabilidad y, además, contribuya, induzca o cause la conducta infractora y tenga conocimiento de ella, o tenga capacidad para controlar la conducta del usuario infractor y obtenga un beneficio financiero directamente atribuible a esa actividad.
La reforma contempla sanciones de cinco mil a 40 mil Unidades de Medida y Actualización para determinadas infracciones previstas en el artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, lo que con el valor de la UMA utilizado en la propuesta representa multas que pueden superar los 580 mil pesos y alcanzar aproximadamente 4.69 millones de pesos.
Entre las conductas contempladas se encuentran diversos usos no autorizados de obras protegidas, imágenes de personas, producciones cinematográficas y audiovisuales, fonogramas, videogramas, libros, programas de cómputo y otras creaciones amparadas por derechos de autor.
La propuesta también contempla sanciones de mil a cinco mil UMA para determinados casos relacionados con la retransmisión, reproducción o difusión pública no autorizada de emisiones de organismos de radiodifusión.
El alcance de la reforma adquiere relevancia ante la expansión de herramientas digitales y de inteligencia artificial capaces de utilizar imágenes, voces, música, textos y material audiovisual para producir nuevos contenidos. No obstante, el proyecto legislativo se refiere a infracciones a los derechos de autor y no establece una prohibición general contra los memes, las parodias o los contenidos creados mediante inteligencia artificial.
Además de las obligaciones para retirar material presuntamente infractor, la iniciativa plantea que los proveedores cuenten con una política pública para terminar el servicio a usuarios reincidentes en violaciones a derechos de autor. Las sanciones derivadas del incumplimiento serían aplicadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
En su exposición de motivos, el Ejecutivo argumenta que la reforma pretende fortalecer el denominado régimen de “puerto seguro”, bajo el cual los intermediarios pueden limitar su responsabilidad siempre que cumplan determinadas condiciones frente a posibles infracciones cometidas por sus usuarios. También señala que se busca armonizar la legislación mexicana con compromisos establecidos en el T-MEC.
Hasta este lunes 21 de septiembre, el Sistema de Información Legislativa mantiene la iniciativa con estatus de pendiente en la comisión de origen, por lo que las disposiciones todavía no se encuentran vigentes y requieren continuar con el proceso legislativo correspondiente.