EDOMEX.- La liberación del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, permanece suspendida debido a un posible conflicto de intereses detectado en el Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl, Estado de México, pese a que fue absuelto del delito de delincuencia organizada el pasado 29 de mayo.
El retraso se origina en la audiencia programada para la colocación del brazalete electrónico que deberá portar el exmandatario, trámite indispensable para que continúe bajo prisión domiciliaria. La jueza de control encargada del caso se excusó de intervenir al considerar que podría existir un impedimento legal derivado de una relación personal previa con uno de los abogados que integran la defensa de Borge.
A raíz de esta situación se promovió un recurso de impedimento ante el Tribunal Colegiado de Apelación de Nezahualcóyotl, instancia que deberá resolver si la juzgadora puede continuar conociendo el asunto.
La decisión cobra relevancia porque la misma jueza también tiene a su cargo el proceso por lavado de dinero, el único procedimiento penal que permanece vigente contra el exgobernador, quien se encuentra bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria desde septiembre de 2023.
De acuerdo con el expediente 11/2026 del Tribunal Colegiado de Apelación, la jueza argumentó que existe una posible causal de impedimento relacionada con vínculos personales y de convivencia con integrantes del círculo familiar cercano de uno de los defensores del imputado.
En el documento también se señala que la impartidora de justicia solicitó que la excusa fuera atendida con carácter urgente, al considerar que las resoluciones pendientes podrían influir en la situación jurídica y de libertad de Roberto Borge.
Previamente, el exmandatario había promovido un recurso de queja por la demora en la realización de la audiencia para la colocación del dispositivo electrónico; sin embargo, posteriormente desistió de dicho procedimiento.
Borge enfrentaba dos procesos penales federales: uno por delincuencia organizada y otro por lavado de dinero. En el primero obtuvo una sentencia absolutoria el 29 de mayo, resolución que hasta este lunes no había sido impugnada por la Fiscalía General de la República (FGR).
Ambos casos derivan de la venta de 22 predios propiedad del estado a particulares, operaciones que presuntamente ocasionaron un daño patrimonial superior a 900 millones de pesos, según los expedientes judiciales consultados.
La acusación por delincuencia organizada se sustentó en la presunta participación coordinada de varios funcionarios que habrían actuado bajo las instrucciones del entonces gobernador para concretar las operaciones inmobiliarias.
Por su parte, la imputación por lavado de dinero está relacionada con el presunto uso de recursos de origen ilícito en la compra y venta de dichos terrenos.
Aunque la absolución por delincuencia organizada incluyó la instrucción de ordenar su salida inmediata del penal federal de Cuautla, Morelos, diversos incidentes procesales han retrasado la ejecución de esa determinación. Entre ellos se encuentra la resolución del impedimento planteado por la jueza, así como la audiencia en la que deberá verificarse la colocación del brazalete electrónico y revisarse el inmueble donde continuará cumpliendo la medida de prisión domiciliaria.