CHETUMAL.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción impugnó la resolución judicial que vinculó a proceso a Claudia Romanillos Villanueva, exdirectora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal (IPAE), por su presunta participación en el delito de peculado, al considerar insuficientes las medidas cautelares impuestas en su contra.
El recurso fue promovido contra la determinación emitida en diciembre de 2025 por una jueza de control de Chetumal, quien ordenó la vinculación a proceso de la exfuncionaria, pero sin imponer una medida de prisión preventiva dentro de la causa relacionada con el remate de 22 predios propiedad del gobierno estatal.
De acuerdo con documentos judiciales, el Juzgado Primero de Distrito del Poder Judicial de la Federación recibió un informe de la jueza de Control con Especialización en Justicia Penal para Adolescentes del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal, en el que se confirma la existencia de un recurso de apelación promovido por la representación social.
Según el acuerdo, la apelación presentada por la Fiscalía Anticorrupción fue admitida el 27 de abril de 2026 por la Segunda Sala con competencia en el Sistema Penal Oral, bajo el toca penal oral 61/2026, procedimiento que hasta ahora continúa pendiente de resolución.
Romanillos Villanueva figura entre los exservidores públicos investigados por las operaciones de venta de predios realizadas durante la administración del exgobernador Roberto Borge Angulo, quien recientemente obtuvo una sentencia absolutoria por el delito de delincuencia organizada.
Paralelamente, la exdirectora del IPAE promovió un juicio de amparo el pasado 13 de marzo en contra del auto de vinculación a proceso dictado el 1 de diciembre de 2025 dentro del expediente 159/2017, en el que se le atribuye el delito de peculado.
La demanda de amparo fue radicada en el Juzgado Primero de Distrito, autoridad que solicitó a la jueza de control información actualizada sobre el estado que guarda el procedimiento penal.
En respuesta, la juzgadora informó que el Ministerio Público interpuso el recurso de apelación contra la resolución de vinculación a proceso, situación que guarda relación directa con el acto reclamado en el juicio de garantías, ya que el resultado de dicho medio de impugnación será determinante para establecer la firmeza de la resolución combatida por la exfuncionaria.