CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de Antonio “N”, exfuncionario federal vinculado al equipo de trabajo de Genaro García Luna, por su presunta participación en una red de corrupción que habría desviado más de 5 mil millones de pesos de recursos públicos.
De acuerdo con la dependencia, Antonio “N” se desempeñó entre 2013 y 2018 como Coordinador General de Centros Federales de Prevención y Readaptación Social, cargo desde el cual suscribió contratos relacionados con la construcción de ocho centros penitenciarios federales.
Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada señalan que el exfuncionario presuntamente formaba parte de una estructura encabezada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal, actualmente preso en Estados Unidos.
Según la FGR, esta red habría estado integrada por colaboradores, familiares y socios empresariales que participaron en un esquema para desviar recursos públicos mediante contratos presuntamente irregulares y empresas fachada vinculadas al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
Las autoridades estiman que el daño patrimonial derivado de estas operaciones asciende a aproximadamente 5 mil millones de pesos.
La captura fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de peculado y delincuencia organizada con fines de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El operativo se llevó a cabo en la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Durante la detención, las autoridades aseguraron diversas identificaciones presuntamente apócrifas, teléfonos celulares y dinero en efectivo tanto en moneda nacional como en dólares estadounidenses.
Tras su captura, Antonio “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se determinará su situación jurídica.