ENSENADA.- El exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel salió este sábado 26 de septiembre del penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, para ser trasladado a Ensenada, donde continuará bajo prisión domiciliaria el proceso penal que enfrenta por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
La salida ocurrió después de que un juez federal modificara el lugar en el que Ruffo deberá cumplir la prisión preventiva. La resolución no implica su libertad ni la conclusión del proceso penal, sino que la medida cautelar continuará ejecutándose en el domicilio autorizado por el juzgador.
El exmandatario abandonó el Centro Federal de Readaptación Social número 1 bajo custodia federal. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó el traslado y la participación de elementos de la Guardia Nacional en el operativo que lo llevará hasta su residencia en Ensenada.
La modificación de la medida fue autorizada después de que la defensa argumentara la edad y las condiciones de salud del exgobernador. Ruffo tiene 74 años y sus abogados presentaron dictámenes médicos ante el juez para solicitar que permaneciera en su domicilio mientras continúa el procedimiento penal.
La resolución establece diversas restricciones. Ruffo deberá permanecer bajo vigilancia permanente de la Guardia Nacional, tiene prohibido salir del país y deberá entregar su pasaporte y visa. Tampoco podrá acercarse o comunicarse con testigos y otras personas relacionadas con la investigación.
Además, deberá mantener comunicación diaria con la Unidad de Medidas Cautelares y únicamente podrá abandonar su domicilio por una emergencia médica, bajo escolta de elementos de seguridad. También se le impidió acudir a la empresa de la que es socio y que forma parte de la investigación.
Ruffo permaneció poco más de dos meses recluido en El Altiplano. Su familia había señalado que durante ese periodo presentó problemas de salud, mientras su defensa buscó modificar las condiciones en las que enfrentaba el proceso.
La Fiscalía General de la República acusa al exgobernador de presuntamente formar parte de una organización relacionada con el contrabando de combustible procedente de Estados Unidos hacia México, mediante operaciones en las que, según la investigación ministerial, no se habrían cubierto correctamente los impuestos correspondientes. Ruffo enfrenta cargos por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
Las imputaciones forman parte de un proceso penal todavía en curso, por lo que las acusaciones de la FGR no constituyen una declaración de culpabilidad.
El cambio de medida cautelar provocó también reacciones políticas. El expresidente Felipe Calderón celebró la resolución judicial y consideró que la permanencia de Ruffo en un penal de máxima seguridad era “desproporcionada e injusta”. Familiares y figuras vinculadas al PAN también han sostenido que el procedimiento tiene motivaciones políticas, señalamiento que corresponde a sus posicionamientos y no ha sido establecido judicialmente.
Ruffo deberá permanecer en su residencia de Ensenada bajo las condiciones fijadas por el juez mientras continúa el proceso penal en su contra y se resuelven las acusaciones formuladas por la Fiscalía.