CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) deslindó a la Secretaría de Marina (Semar), como institución, del presunto esquema de huachicol fiscal atribuido a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, y sostuvo que las responsabilidades detectadas son de carácter individual.
La fiscal general Ernestina Godoy informó que las investigaciones señalan a los hermanos, conocidos como “los primos”, por su presunta participación en una red que habría utilizado posiciones estratégicas dentro de las aduanas marítimas para facilitar el ingreso ilegal de hidrocarburos procedentes de Texas.
De acuerdo con la FGR, Manuel Roberto “N” habría intervenido directamente en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de la Administración Nacional de Aduanas de México y de la propia Semar.
La Fiscalía sostiene que mediante estas maniobras fueron colocadas personas vinculadas con la organización en aduanas marítimas consideradas estratégicas para garantizar la operación del esquema.
Godoy rechazó, sin embargo, que las presuntas conductas de algunos integrantes de la Marina impliquen responsabilidad de toda la institución naval y señaló que los actos investigados deberán atribuirse individualmente a quienes hayan participado.
La fiscal destacó además la colaboración del actual secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, en el desarrollo y seguimiento de las investigaciones.
Como parte de las indagatorias, autoridades catearon una bodega vinculada con Manuel Roberto “N” en la Ciudad de México, donde, según la FGR, fueron localizados documentos clasificados como de seguridad nacional, armas sin registrar, artículos de lujo y listas de mandos de la institución.
Las investigaciones apuntan a que la organización trasladaba diésel desde Texas a bordo de buques y declaraba falsamente los cargamentos como aditivos, con la finalidad de recibir un tratamiento fiscal diferente al correspondiente a los hidrocarburos.
La FGR atribuye a empleados aduanales presuntamente involucrados el cobro de sobornos por cada embarque, así como la simulación de inspecciones y la desactivación de cámaras de seguridad para permitir el ingreso del combustible.
Una vez en territorio nacional, tres empresas que formaban parte de la estructura se habrían encargado de distribuir el combustible, mientras una red de compañías fachada presuntamente realizaba operaciones financieras para dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos.
La Fiscalía mantiene las investigaciones sobre las responsabilidades individuales dentro de la red y sobre la participación que habrían tenido servidores públicos y particulares.
“Quien usó un uniforme, un cargo público o una aduana para servir al crimen tiene que responder ante la justicia”, advirtió Godoy al reiterar que las investigaciones continuarán contra quienes presuntamente participaron en el esquema.