CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) no ha solicitado el congelamiento de las cuentas bancarias de Verónica Ruffo a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este jueves el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
La aclaración se dio luego de que circularan versiones sobre una presunta inmovilización de recursos de la hija del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien fue vinculado a proceso por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada y fraude en materia de hidrocarburos.
Mediante una tarjeta informativa, las autoridades señalaron que Verónica Ruffo no forma parte de la solicitud presentada por la FGR.
“La FGR no ha solicitado la inmovilización de recursos de Verónica Ruffo, ni existe alguna petición en ese sentido dentro de la investigación correspondiente”, indicó el comunicado.
El Gabinete de Seguridad precisó que la solicitud enviada por la Fiscalía a la UIF contempla únicamente a las personas físicas y morales señaladas expresamente dentro de la carpeta de investigación.
Asimismo, explicó que las solicitudes de inmovilización de recursos sólo se realizan cuando existen indicios suficientes de que los bienes o recursos financieros podrían utilizarse para la comisión, continuidad u ocultamiento de actividades ilícitas, o bien, estar relacionados con operaciones de la delincuencia organizada.
En el mismo caso fueron vinculados a proceso, además de Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Ramos, José Merino Valdés Cuervo, Guillermo de la Peña Rosales, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Luis Antonio Barrientos Juárez y Adriana Magali Bárcenas Guillén, por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, contrabando y operaciones ilícitas con hidrocarburos.
Finalmente, el Gabinete de Seguridad reiteró que las medidas cautelares de carácter financiero se aplican exclusivamente a las personas incluidas en las investigaciones y aseguró que las instituciones involucradas actúan con apego al Estado de derecho, el debido proceso y la protección de los derechos de las personas.