CULIACÁN.- El expresidente Vicente Fox Quesada acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de utilizar políticamente el proceso penal contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, con el supuesto propósito de desviar la atención de los señalamientos que enfrenta la actual mandataria de esa entidad, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Durante una visita a Culiacán, Sinaloa, el exmandatario panista responsabilizó directamente a Sheinbaum de la situación jurídica de Ruffo y sostuvo que las acciones emprendidas contra el exgobernador responden a intereses políticos y no exclusivamente a la investigación de los delitos que se le atribuyen.
Fox afirmó que el procedimiento judicial busca proteger a la gobernadora de Baja California frente a los cuestionamientos surgidos en torno a su administración y los señalamientos relacionados con su entorno personal.
“De la ‘reina’ Claudia, es quien toma las decisiones, quien llevó al gran Ruffo a la cárcel, ella es responsable de esa atrocidad, por salvar el pellejo de esa atrocidad, allá, al norte, de la propia Baja California”, declaró.
El expresidente cuestionó la actuación de las instituciones encargadas de procurar justicia y consideró que el encarcelamiento del exgobernador constituye una medida de carácter político.
Sin embargo, durante sus declaraciones no presentó pruebas que acreditaran una intervención directa de Sheinbaum en las decisiones judiciales ni elementos que demostraran que el procedimiento contra Ruffo tuviera como finalidad proteger a Marina del Pilar Ávila.
Las acusaciones de Fox se producen mientras el exgobernador enfrenta un proceso relacionado con presuntos delitos de contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada, derivados de investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las imputaciones de la autoridad federal, Ruffo Appel habría participado junto con otros socios en una estructura empresarial presuntamente utilizada para introducir combustibles de manera ilegal al territorio mexicano.
La investigación comprende operaciones que, según los señalamientos de la Fiscalía, habrían involucrado aproximadamente 800 millones de litros de combustible durante un periodo de 15 meses.
Las autoridades investigan a una empresa que presuntamente declaraba la importación de productos químicos no sujetos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aunque en realidad habría ingresado gasolina regular y diésel sin cubrir las contribuciones correspondientes.
Este mecanismo es identificado dentro de las investigaciones sobre contrabando de combustibles y evasión fiscal, aunque la responsabilidad penal de Ruffo deberá determinarse conforme al procedimiento judicial.
El exgobernador permaneció más de 70 días recluido en el penal federal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, antes de obtener una modificación de la medida cautelar que le permitió continuar el proceso bajo prisión domiciliaria.
Actualmente permanece en su domicilio de Ensenada, Baja California, después de que se autorizara esa medida en consideración a su edad.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado anteriormente que la investigación contra Ruffo responda a una persecución o venganza política y ha sostenido que el expediente está relacionado con presuntas irregularidades fiscales y operaciones de introducción ilegal de combustibles.
Las declaraciones del expresidente también ocurren en medio de cuestionamientos dirigidos a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, particularmente por los señalamientos sobre presuntos vínculos de su exesposo con el crimen organizado.
No obstante, Fox no aportó información que permitiera establecer una relación entre esos señalamientos y las decisiones adoptadas por las autoridades en el proceso penal contra Ruffo.
El exmandatario panista ha expresado públicamente su respaldo al exgobernador de Baja California. El pasado 3 de octubre confirmó que sostuvo una videollamada con él después de que regresara a su domicilio en Ensenada.
Tras esa conversación, Fox difundió un mensaje de apoyo en el que aseguró que Ruffo no estaba solo y manifestó su confianza en que pudiera obtener una resolución favorable mediante los procedimientos legales correspondientes.
Además de pronunciarse sobre el caso judicial, el expresidente aprovechó su visita a Sinaloa para plantear la necesidad de que los partidos de oposición exploren acuerdos rumbo a las elecciones de 2027.
Fox consideró conveniente que las fuerzas políticas contrarias a Morena busquen mecanismos de coordinación para evitar competir de manera fragmentada, aunque reconoció que cualquier eventual coalición deberá ser definida por las dirigencias partidistas.
También convocó a distintos sectores de la sociedad sinaloense, entre ellos agricultores, comerciantes y ciudadanos, a participar en las actividades políticas relacionadas con el próximo proceso electoral.
En Sinaloa, durante 2027 se renovarán la gubernatura, las 20 presidencias municipales y los cargos legislativos locales y federales que correspondan al calendario electoral.
De esta manera, Fox combinó sus críticas al Gobierno federal por el proceso contra Ruffo Appel con un llamado a la organización de las fuerzas opositoras, mientras el expediente penal del exgobernador continúa sujeto a las determinaciones de las autoridades judiciales.
Hasta ahora, los señalamientos del expresidente sobre una supuesta utilización política del caso corresponden a su interpretación de los acontecimientos y no a hechos acreditados mediante una resolución judicial.