CIUDAD DE MÉXICO.- La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, negó actos de corrupción y anunció que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación revisar los procesos de licitación del organismo, tras los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones y personal cercano a su oficina.
Durante la presentación del Portal de Transparencia Ciudadana, realizada este miércoles para promover la rendición de cuentas e institucionalizar mecanismos de control administrativo, sostuvo que no existen empresas favoritas dentro del instituto.
Sus declaraciones respondieron a una cobertura de Reforma sobre posibles conflictos de interés y actos de corrupción relacionados con proveedores y funcionarios. Al concluir su discurso, Taddei salió rápidamente del recinto sin responder las preguntas que reporteras de medios nacionales intentaron plantearle sobre el tema.
La funcionaria afirmó que las adquisiciones de material electoral están respaldadas por expedientes públicos y reglas de competencia. También señaló que los proveedores mencionados en las publicaciones han trabajado con la autoridad electoral desde administraciones anteriores.
Respecto a la adjudicación directa de urnas y mamparas para la elección judicial de 2025, explicó que se recurrió a ese procedimiento después de declarar desierta una licitación y efectuar una investigación de mercado para garantizar los tiempos de producción. Aseguró que la contratación se realizó conforme a la ley.
Taddei indicó que las personas señaladas en publicaciones recientes ya no laboran en el instituto. Añadió que la información declarada bajo protesta de decir verdad en sus expedientes patrimoniales fue remitida al Órgano Interno de Control para determinar posibles omisiones o falsedades.
Sobre el exfuncionario relacionado con el personal de transporte, precisó que estuvo adscrito a la presidencia, pero negó que hubiera sido su chofer particular. También ofreció colaboración con las investigaciones administrativas de las autoridades competentes.
Entre los casos publicados por Reforma figura el de Jesús Octavio García González, quien fue nombrado director de Administración del INE después de haber sido representante legal de Corporativo Zeg para obtener un contrato de casi 200 millones de pesos. Renunció en abril pasado, tras una denuncia por conflicto de interés ante el Órgano Interno de Control.
El diario también señaló a Jonathan Navarrete Torres, adscrito formalmente como chofer de la presidencia, con un sueldo mensual de 45 mil 765 pesos bajo una plaza de jefe de departamento. Según la cobertura, simultáneamente posee un poder legal para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg. Empleados del organismo afirmaron que no acude a las instalaciones ni conduce vehículos oficiales.
De acuerdo con esas publicaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera investiga una red de siete proveedoras de material electoral, encabezada por Corporativo Zeg y Cajas Graf, por presunta simulación de competencia, triangulación de recursos y utilización de empresas factureras. La indagatoria habría derivado en el bloqueo de decenas de cuentas bancarias e incluye a funcionarios vinculados con las contrataciones.
Otro señalamiento se refiere a Luis Alberto Bustamante Canizales, quien, según Reforma, realiza labores de traslado y preparación de alimentos para la consejera presidenta, aunque fue contratado como líder de proyecto con una percepción cercana a 70 mil pesos mensuales.
La cobertura también recordó que Taddei utilizó durante meses anteriores una camioneta blindada BMW ajena al parque vehicular del INE, cuyo uso fue justificado como un préstamo.
En su mensaje, la consejera pidió preservar la confianza en el instituto y llamó a partidos políticos y grupos de poder a evitar el uso de notas periodísticas para intentar desestabilizarlo. Afirmó que el organismo mantiene sus trabajos para organizar los próximos procesos electorales.