
CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades federales descubrieron un túnel clandestino utilizado para el robo de combustible en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicadas en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.
El vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara, informó que el hallazgo ocurrió durante un operativo encabezado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes detectaron una excavación subterránea conectada a un inmueble contiguo y a un poliducto de Pemex.
De acuerdo con las autoridades, el sistema utilizado por los presuntos huachicoleros incluía infraestructura especializada para la extracción ilegal de hidrocarburos, además de túneles construidos dentro de un predio relacionado con la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Pemex.
Durante la inspección se localizó un contenedor metálico marítimo que servía como acceso al túnel, así como diversos equipos utilizados para la extracción clandestina de combustible.
Entre los objetos asegurados se encuentran un niple soldado al ducto, una válvula de cierre rápido, herramientas de roscado y mangueras de alta presión.
Tras obtener una orden de cateo, las fuerzas federales ingresaron al inmueble vinculado con la excavación y aseguraron 205 mil 418 litros de hidrocarburo, además de 23 tractocamiones, 10 autotanques, una grúa, siete cajas secas y tres vehículos.
También fueron decomisados un contenedor marítimo, bidones, costales de arena, herramientas de construcción, documentos y un teléfono celular.
Las imágenes de la Fiscalía mostraron otros aspectos relacionados con la instalación para el robo de combustible, desde mesas, bebidas, un futbolito y cajas con refacciones de autos.
Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para determinar la posible participación de más personas y establecer el alcance de las operaciones relacionadas con el robo de combustible.
Recientemente, Pemex informó que durante 2025 registró pérdidas por más de 23 mil millones de pesos derivadas del huachicol, actividad que mantiene afectaciones económicas y operativas para la empresa productiva del Estado.