CHETUMAL.- Mario Villanueva Madrid acusó la existencia de un poder económico y político extraordinario que actúa e influye al interior de la estructura de la administración e impartición de justicia del Estado mexicano, que lo ha venido acosando desde hace más de 26 años, desde que fue acusado, perseguido y encarcelado por proteger y vincularse con narcotraficantes durante su gestión como Gobernador de Quintana Roo entre 1993 y 1999.
“Me quieren ver muerto en la cárcel”, denunció el político chetumaleño, quien sobrelleva una condena de más de 40 años; por ahora en una reclusión domiciliaria, dado múltiples enfermedades crónico degenerativas que lo afectan y que no pueden ser atendidas en una prisión de alta seguridad del centro del país, como a la que lo quieren reingresar por insistencia de la Fiscalía General de la República ante los jueces que llevan su caso y de cuya decisión pende su estancia en el domicilio de Chetumal donde viene purgando su sentencia los últimos seis años.
Los nombres del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en cuyo gobierno fue cuando se articuló el proceso judicial contra Villanueva Madrid, y el del exbanquero Roberto Hernández Ramírez, fueron los únicos aludidos por el exmandatario quintanarroense, que cuentan con recursos económicos y políticos suficientes, además de motivaciones personales, para estar detrás de una subestructura judicial y de procuración de justicia especializada en evitar no sólo su liberación anticipada dentro de lo que estipula el derecho penal mexicano, sino también el mejoramiento de sus condiciones de reclusión en concordancia con sus condiciones precarias de salud y de edad.
Villanueva Madrid fue acusado en 1999 de mantener vínculos con el Cártel de Juárez y permaneció prófugo hasta su captura en 2001. Tras enfrentar procesos por narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero, fue extraditado a Estados Unidos en 2010, convirtiéndose en el primer exgobernador mexicano enviado a ese país por cargos relacionados con el narcotráfico. En 2012 se declaró culpable de conspiración para lavar dinero procedente del narcotráfico y en 2013 fue condenado a prisión. En 2017 fue deportado a México para continuar cumpliendo sentencias y enfrentar procesos pendientes. Debido a su deteriorado estado de salud, obtuvo prisión domiciliaria en 2020, donde permanece actualmente, aunque su situación jurídica sigue en disputa por recursos promovidos por la Fiscalía para que regrese a un centro penitenciario.
Desde 2020 que su defensa logró su traslado al reclusorio de Chetumal, antes de alcanzar el beneficio de la prisión domiciliaria dada la precariedad de su salud, el exgobernador quintanarroense no ha dejado de padecer la arremetida de la Fiscalía General de la República que insiste en reintegrarlo a su prisión original en el centro del país.
La última acción de la FGR, fue combatir un amparo de un Juez Federal, que le concedió la continuidad de su reclusión domiciliaria.
Por lo que la estancia de Mario Villanueva en Chetumal pende de la resolución que tome un Colegiado de Circuito sobre recurso de revisión interpuesto por la Fiscalía federal que encabeza Ernestina Godoy.