CIUDAD DE MÉXICO.- El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) emitió el fallo definitivo del arbitraje promovido por Calica, filial de Vulcan Materials Company, y resolvió a favor de México en la mayor parte de las reclamaciones presentadas por la empresa tras la clausura de sus operaciones de extracción de piedra caliza en Quintana Roo.
El procedimiento se desarrolló bajo las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La compañía argumentó que entre 2018 y 2022 diversas decisiones adoptadas por autoridades federales y estatales afectaron sus inversiones y actividades en el país.
De acuerdo con el Gobierno de México, el Tribunal Arbitral desestimó prácticamente todas las reclamaciones de Calica y únicamente dio la razón a la empresa en un asunto relacionado con la clausura de uno de sus predios ocurrida en enero de 2018.
La administración federal precisó que esa resolución representa menos del uno por ciento del monto originalmente reclamado por la compañía.
Tras conocer el fallo, el Gobierno de México informó que analiza el contenido de la resolución para determinar las acciones legales que procedan y reiteró su compromiso con la inversión extranjera que contribuya a la innovación, la generación de empleos bien remunerados y la protección del medio ambiente.
Asimismo, destacó que mantiene su respaldo al cumplimiento de las reglas y procedimientos establecidos en los tratados internacionales, al considerar que brindan certeza jurídica y favorecen el desarrollo económico.
Clausura por daños ambientales
Durante cerca de cuatro décadas, Calica explotó millones de toneladas de material pétreo en la costa de Quintana Roo para exportarlo a Estados Unidos, mediante concesiones otorgadas por administraciones federales anteriores.
Sin embargo, las operaciones fueron cuestionadas por el impacto ambiental generado en la región, donde las autoridades documentaron la afectación de más de mil 200 hectáreas de selva, así como daños a cenotes y alteraciones al sistema de mantos acuíferos.
Ante este escenario, el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó en 2022 la clausura definitiva de las actividades mineras al considerar que la empresa había sobrepasado los límites autorizados para la extracción.
Posteriormente, Calica promovió un arbitraje internacional al amparo del T-MEC, al sostener que el cierre de sus operaciones constituía una expropiación ilegal de sus activos y reclamar una indemnización millonaria.
Como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno de México, los terrenos donde operaba la empresa fueron declarados Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, con el propósito de impedir el desarrollo de futuras actividades mineras en la zona.