MÉRIDA.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal las obras del desarrollo inmobiliario “Las Dunas”, en Chuburná Puerto, Yucatán, ante posibles afectaciones al ecosistema de dunas costeras y presuntas irregularidades en el cumplimiento de las autorizaciones ambientales federales.
La medida fue aplicada tras una inspección realizada a partir de denuncias ciudadanas, durante la cual la autoridad documentó la remoción de arena y vegetación mediante maquinaria pesada en el predio ubicado en el municipio de Progreso.
Los sellos de clausura permanecerán vigentes mientras la Profepa determina si las obras se ajustan a las condiciones establecidas en la legislación ambiental y a los permisos otorgados por las autoridades federales.
La suspensión representa la primera acción formal de la autoridad ambiental dentro de un conflicto que en las últimas semanas ha movilizado a habitantes, investigadores, organizaciones civiles y colectivos ambientalistas, quienes advierten que el proyecto pone en riesgo uno de los ecosistemas más frágiles y relevantes del litoral yucateco.
Integrantes del colectivo “Salvemos las Dunas” han denunciado la remoción de vegetación y arena, además de alertar sobre el impacto que un desarrollo habitacional y turístico podría generar tanto en los servicios públicos de Chuburná Puerto como en el equilibrio ecológico de la zona.
Especialistas recuerdan que las dunas costeras funcionan como una barrera natural frente a huracanes, marejadas y procesos de erosión, además de favorecer la infiltración de agua al acuífero y servir de protección ante el incremento del nivel del mar asociado al cambio climático.
La controversia también revive antecedentes del proyecto. En 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó una propuesta inicial debido a sus posibles impactos ambientales; sin embargo, posteriormente el desarrollo obtuvo nuevas autorizaciones tras modificaciones al proyecto y a la zonificación.
El Gobierno de Yucatán solicitó a la Semarnat y a la Profepa verificar el cumplimiento de todos los permisos federales y reiteró que cualquier obra en la zona debe garantizar la conservación del manglar, los humedales y la duna costera.
La clausura temporal implica la suspensión inmediata de las actividades mientras continúa el procedimiento administrativo. En caso de comprobarse violaciones a la normatividad ambiental, los responsables podrían enfrentar multas, medidas de restauración e incluso otras sanciones previstas en la legislación federal.