CIUDAD DE MÉXICO.- Un total de 4 mil 193 servidores públicos federales han sido sancionados desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo por diversas irregularidades, informó este martes la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez.
Durante la conferencia matutina presidencial, la funcionaria detalló que las sanciones corresponden al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026. De los casos reportados, 3 mil 528 fueron clasificados como faltas administrativas no graves y 665 como graves, según las cifras presentadas este martes.
Entre las conductas detectadas se encuentran la autorización o realización de pagos indebidos, el uso irregular de información bajo resguardo de funcionarios —incluidos datos personales— y la autorización de pagos por bienes o servicios que no fueron entregados.
También se reportaron adquisiciones innecesarias o sin justificación y otras irregularidades relacionadas con el ejercicio de atribuciones dentro de la administración pública federal.
Buenrostro informó además sobre acciones que pasaron del ámbito administrativo al penal. De acuerdo con los datos presentados por la Secretaría, 53 personas han sido vinculadas a proceso por investigaciones relacionadas con posibles delitos cometidos desde el servicio público.
Entre las conductas denunciadas se encuentran posibles casos de enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.
Las cifras presentadas este martes muestran algunas diferencias respecto de las contenidas previamente en el Segundo Informe de Gobierno. Este último reportó, con el mismo corte a junio de 2026, 105 denuncias penales y seguimiento a 938 carpetas de investigación, además de 53 personas vinculadas a proceso.
El informe oficial también había contabilizado 3 mil 526 sanciones por faltas no graves y 667 por faltas graves, mientras que la exposición de Buenrostro de este martes situó esas cantidades en 3 mil 528 y 665, respectivamente. En ambos registros, el total permanece en 4 mil 193 servidores públicos sancionados.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que las investigaciones y procedimientos forman parte de las acciones de fiscalización, vigilancia y control de la administración pública federal, tanto para sancionar responsabilidades administrativas como para llevar ante las autoridades correspondientes aquellos casos en los que se advierta la posible comisión de delitos.