CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la acusación contra 10 mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que el documento difundido por autoridades estadounidenses contiene principalmente señalamientos escritos y listados, sin que se hayan presentado pruebas contundentes conforme al sistema penal mexicano.
“Publican este documento, hacen un relato muy largo, escrito, conocimos pruebas de pruebas, no es nada más un dicho de una persona tiene que haber pruebas contundentes conforme a la legislación mexicana, acuerdo en que nuestro sistema penal acusatorio.
“Ya no es como en el pasado, sino que tiene que haber pruebas contundentes para que se gire una orden de aprehensión, entonces este documento se llama acusación de reemplazo bajo reservas, por lo menos es la traducción que hacen al español”, sostuvo en Palacio Nacional.
“Para que exista una orden de aprehensión deben existir pruebas sólidas, no sólo dichos”, afirmó, al explicar que el modelo acusatorio en México exige evidencia verificable para proceder judicialmente.
Sheinbaum indicó que, hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos únicamente ha solicitado la detención con fines de extradición de Rocha Moya y otros funcionarios señalados, sin que se hayan comunicado nuevas acciones o acusaciones adicionales a través de canales oficiales.
Asimismo, reiteró que su administración no encubrirá a ninguna persona que haya cometido un delito, pero advirtió que, en ausencia de pruebas claras, las imputaciones podrían tener un trasfondo político.
La presidenta subrayó que será la Fiscalía General de la República la instancia responsable de investigar los hechos en territorio nacional y determinar si existen elementos para proceder conforme a la ley.
Finalmente, enfatizó que México no permitirá injerencias extranjeras en asuntos internos y que cualquier decisión se tomará con base en los principios de legalidad, justicia y defensa de la soberanía.