CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum destacó las recientes declaraciones del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien afirmó que nunca tuvo pruebas de presuntos vínculos entre el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y grupos del crimen organizado.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el exdiplomático aseguró no contar con indicios que relacionaran a Rocha Moya con organizaciones delictivas, ni evidencia de que el gobierno de López Obrador hubiera brindado protección a algún grupo criminal.
Sheinbaum hizo referencia a la entrevista que Salazar concedió a N+ Univision y a la periodista Ilia Calderón, en la que también relató que intentó comunicarse en varias ocasiones con el entonces presidente López Obrador para informarle sobre la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.
La presidenta consideró que las declaraciones del exembajador contradicen los señalamientos de la oposición sobre un supuesto “narcogobierno” y afirmó que el propio diplomático reconoció que nunca tuvo elementos para sostener esas acusaciones.
En la entrevista, Salazar explicó que informó al entonces mandatario mexicano y al fiscal general Alejandro Gertz Manero sobre la captura de Zambada, aunque señaló que no obtuvo respuesta inmediata por parte de las autoridades mexicanas.
El exembajador también sostuvo que Estados Unidos no tenía conocimiento previo del vuelo en el que fue trasladado el líder del Cártel de Sinaloa hacia territorio estadounidense y aseguró que ofreció una reunión informativa al gobierno mexicano la misma noche de los hechos.
Sobre ese punto, Sheinbaum recordó que el gobierno mexicano decidió establecer una “pausa” en la relación con Ken Salazar debido a diferencias por presuntas acciones de injerencia, aunque reiteró que toma como válidas las declaraciones del exdiplomático respecto a la inexistencia de pruebas sobre presuntos vínculos entre autoridades mexicanas y el crimen organizado.
Finalmente, la presidenta sostuvo que ni el gobierno anterior ni la actual administración mantienen acuerdos con organizaciones criminales y afirmó que la estrategia de seguridad se basa en la detención de generadores de violencia sin proteger a ninguna persona.