CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto que establece nuevas obligaciones para las plataformas digitales con el propósito de proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos relacionados con violencia, acoso, abuso sexual y otras conductas que puedan poner en riesgo su integridad física y emocional.
Durante su conferencia matutina del 14 de octubre, la mandataria informó que las empresas tecnológicas aceptaron implementar las medidas y solicitaron un plazo de 30 días para realizar las adecuaciones necesarias en sus servicios.
Sheinbaum explicó que la Agencia de Transformación Digital dará seguimiento al cumplimiento de las disposiciones y advirtió que, si las plataformas no atienden los compromisos establecidos, el Gobierno federal podría impulsar una legislación que contemple sanciones.
“Las plataformas estuvieron de acuerdo, lo único que pidieron fue un mes para poder preparar sus plataformas para que esto sea una realidad”, señaló.
En la elaboración de las medidas participaron representantes de Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google y X, empresas que, de acuerdo con lo informado por el Gobierno federal, manifestaron su disposición a fortalecer los mecanismos de protección para usuarios menores de edad.
La consejera jurídica, Luisa María Alcalde, destacó que las compañías no mostraron resistencia a las nuevas disposiciones y reconocieron la necesidad de contar con herramientas adicionales para prevenir riesgos en los entornos digitales.
El decreto está dirigido a los servicios de internet que permiten la interacción entre usuarios, así como la creación, publicación, difusión y distribución de contenidos.
Entre sus principales disposiciones se encuentra la prohibición de permitir que niñas, niños y adolescentes accedan, sean expuestos o reciban recomendaciones de materiales que promuevan discursos de odio, extremismo violento, abuso y explotación sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso, ciberacoso y conductas ilícitas.
La restricción también comprende imágenes y videos de contenido sexual explícito y cualquier material que represente riesgos para la seguridad y el desarrollo de los menores.
Para cumplir con estas disposiciones, las plataformas deberán incorporar mecanismos de protección desde el diseño de sus servicios, incluyendo sistemas para identificar y retirar de inmediato cuentas o publicaciones que promuevan cualquier forma de violencia.
También estarán obligadas a clasificar los contenidos de acuerdo con la edad de los usuarios, establecer procedimientos de verificación de edad y ofrecer herramientas de supervisión para madres, padres y tutores.
Asimismo, deberán habilitar mecanismos accesibles para denunciar cuentas o publicaciones violentas y garantizar que las configuraciones de privacidad y seguridad más restrictivas se encuentren activadas de manera predeterminada en los perfiles de menores de edad.
El decreto contempla obligaciones de colaboración con las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Las empresas deberán disponer de un punto de contacto permanente, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender requerimientos de las autoridades investigadoras.
También tendrán que preservar y entregar información o evidencias solicitadas por las instancias competentes, además de emitir alertas inmediatas cuando detecten contenidos que representen amenazas contra la vida.
Como parte de las acciones preventivas, se promoverá la Línea de la Vida, destinada a brindar orientación y apoyo psicológico a menores de edad y sus familias, así como la difusión del programa ABC de las emociones, enfocado en salud mental y uso responsable de las redes sociales.
En sus disposiciones transitorias, el decreto instruye a la Consejería Jurídica a instalar una mesa de trabajo para coordinar propuestas adicionales de regulación destinadas a fortalecer la protección de la infancia y la adolescencia en los espacios digitales.
Las plataformas tendrán un plazo máximo de 30 días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del decreto, para documentar e informar las acciones adoptadas para cumplir con las nuevas obligaciones.
El Gobierno federal evaluará los resultados de su implementación y, en caso de detectar incumplimientos, analizará la presentación de una iniciativa de ley que establezca medidas obligatorias y sanciones para las empresas responsables.