CHETUMAL.- El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNTSC) calificó como una “privatización silenciosa” la decisión de trasladar al Grupo Mundo Maya la administración del cobro de los boletos de acceso a la zona arqueológica de Tulum, al considerar que esta medida desplaza al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de funciones que le corresponden por ley.
El cambio entró en vigor luego de que se determinó que la venta y administración de los boletos se realice exclusivamente en las taquillas del Parque del Jaguar, dejando de operar el sistema que anteriormente manejaba el INAH.
Sindicato cuestiona legalidad de la medida
El secretario general del SNTSC, José Enrique Vidal Dzul Tuyub, sostuvo que los bienes arqueológicos son propiedad de la nación y que, conforme a la Constitución y a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, su administración corresponde únicamente al INAH.
Afirmó que permitir que el Grupo Mundo Maya, denominación con la que opera el Grupo Aeroportuario Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOM), concentre la venta y administración de los accesos representa un precedente que podría afectar la protección del patrimonio cultural.
El dirigente sindical también expresó preocupación por la falta de mecanismos claros de transparencia sobre el manejo de los recursos obtenidos por la venta de boletos.
Asimismo, cuestionó que la medida se presente como parte del programa Tulum Renace, impulsado por el gobierno federal para facilitar el acceso al Parque del Jaguar y a la zona arqueológica, al considerar que la simplificación del ingreso no justifica transferir la operación administrativa a una empresa paraestatal.
Ante ello, anunció que solicitará reuniones con el director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, y con la coordinadora nacional de Centros INAH, Anna Goycoolea Artís, para solicitar la revocación de la decisión y exponer los argumentos legales del sindicato.
Vidal Dzul Tuyub advirtió que la medida podría privilegiar criterios administrativos por encima de la conservación del patrimonio histórico y reiteró que la organización defenderá que las decisiones sobre la zona arqueológica permanezcan bajo la responsabilidad del INAH. Añadió que, hasta ahora, las autoridades federales no han emitido una postura pública respecto a estos señalamientos.
INAH fundamenta el cambio en decreto presidencial
Por su parte, el Centro INAH Quintana Roo notificó mediante un oficio a los trabajadores de la zona arqueológica que la modificación obedece al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2026, mediante el cual se establecen las tarifas de acceso al Parque del Jaguar y los estímulos fiscales relacionados con la zona de monumentos arqueológicos.
El documento señala que, a partir del 27 de julio, quedó suspendida la impresión y venta de boletos electrónicos que realizaba el INAH en la taquilla de la zona arqueológica, con el propósito de aplicar un sistema de cobro unificado para visitantes nacionales y extranjeros a través de los puntos de venta del Grupo Mundo Maya.
No obstante, el oficio precisa que el INAH no dejará de participar en la venta de boletos, sino que ésta se efectuará únicamente en las taquillas administradas por dicho grupo.
También instruye a los servidores públicos responsables de la operación de la Zona de Monumentos Arqueológicos de Tulum a cumplir con lo establecido en el decreto presidencial y aplicar el esquema unificado de cobro.
Sindicato insiste en que se vulnera el patrimonio
En respuesta, el SNTSC difundió un pronunciamiento público en el que advirtió que la transferencia del boletaje representa una amenaza para la protección del patrimonio histórico, al considerar que la gestión de las zonas arqueológicas se estaría trasladando a una corporación con fines comerciales.
La organización sostuvo que los sitios arqueológicos no deben ser tratados como parques temáticos ni como espacios subordinados a criterios de rentabilidad financiera, sino como bienes culturales pertenecientes a la nación cuya administración debe permanecer bajo la responsabilidad del INAH.